PARIDOSCOPIO

El proyecto de Ley General Audiovisual no precisa si esa limitación afectará también a loterías como el Sorteo de Navidad, el Sorteo del Niño o la Primitiva. Así, literalmente, el proyecto, que está estudiando la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, establece que "los programas dedicados a juegos de azar y apuestas sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana", sin señalar ninguna excepción a esta norma, por lo que los juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE podrían verse afectados.

De hecho, según la definición de la Real Academia Española, juego de azar es "cada uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores, sino exclusivamente del acaso o la suerte", lo que incluye a los sorteos de loterías que se emiten en televisión. Concretamente, sorteos como el de Navidad o el del Niño suelen ser líderes de audiencia y se emiten durante el día.

El objetivo de la norma, sin embargo, no son los juegos que gestiona Loterías y Apuestas del Estado sino los concursos televisivos en los que el telespectador llama a un número de teléfono, generalmente una línea 905, para poder participar en un sorteo que le permita entrar a jugar en directo y contestar a una pregunta del presentador del programa.

Protestas de los loteros

Por otro lado, coincidiendo con la presentación el miércoles del Sorteo de Navidad y el Sorteo del Niños, asociaciones de administraciones de loterías Apla, Anapal y Fenapal han convocado una manifestación frente al Círculo de Bellas Artes de Madrid para protestar por "las intenciones del Gobierno de privatizar de forma encubierta la lotería pública".

Las asociaciones de administraciones de loterías critican que el Gobierno, a través de las disposición adicional 34 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2010, plantea unas medidas "irreversibles hacia una privatización encubierta", al contemplar que cualquier entidad jurídica, mediante contratos privados, pueda comercializar juegos del Estado.

Para algunas asociaciones, la privatización podría producir la destrucción de 12.000 puestos de trabajo dependientes directamente de la red de venta de loterías, sería "muy malo para la hacienda pública", que dejaría de ingresar parte de lo que ingresa ahora en concepto de juegos de azar, e iría en detrimento de los propios consumidores de estos juegos, ya que "Hacienda es la que garantiza ahora que no haya fraudes", cosa que podría cambiar con la llegada al sector de las empresas privadas, explicó.

Por ello, tanto los sindicatos como las asociaciones de administraciones de loterías piden la retirada de la disposiciones 32 y 34 de los Presupuestos Generales, y la elaboración de una ley del juego público que garantice la permanencia de la red de ventas y que regule el sector, tal como se comprometió el Ejecutivo a hacer en 2007, concluyó Izquierdo.